¿Puede una adicción afectar los derechos de los hijos?
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¿Puede una adicción afectar los derechos de los hijos?
En Colombia, el derecho de los niños y adolescentes se rige bajo el principio de la prevalencia de sus derechos fundamentales, que, según el artículo 44 de la Constitución, se antepone a los intereses de los adultos, incluidos sus padres. Uno de los temas que se aborda en el contexto familiar es el impacto que pueden tener las adicciones de los padres en el desarrollo, bienestar y protección de sus hijos.
Los derechos prevalentes de los hijos en Colombia
La Constitución Política de Colombia es clara al destacar que los derechos de los niños son superiores a los de cualquier otra persona, incluyendo a sus propios padres. Este principio fundamental se encuentra ratificado en el artículo 44, donde se reconocen derechos como la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, y la alimentación equilibrada, además de una protección especial por parte del Estado, la sociedad y la familia. En casos de adicción de uno o ambos padres, el Estado tiene la responsabilidad de intervenir para asegurar el cumplimiento de estos derechos fundamentales y evitar que las adicciones de los progenitores pongan en riesgo el desarrollo y bienestar de sus hijos.
Adicciones y su impacto en el derecho familiar colombiano
El derecho de familia en Colombia considera la adicción como un factor de riesgo en el entorno familiar, sobre todo cuando esta afecta la calidad de vida y el desarrollo integral de los niños. La Ley 1098 de 2006, que es el Código de la Infancia y Adolescencia, dispone que todo niño debe ser protegido contra cualquier forma de abandono, abuso o descuido. Los problemas de adicción, como el alcoholismo o la drogadicción, se catalogan dentro de los factores de riesgo que pueden generar situaciones de desprotección, al hacer que el ambiente familiar pierda estabilidad y seguridad, elementos esenciales para el crecimiento adecuado de los menores.
Una adicción en los padres puede derivar en comportamientos negligentes, que afectan tanto la convivencia diaria como el cumplimiento de los deberes esenciales hacia los hijos, incluyendo la provisión de una alimentación equilibrada, la supervisión de la educación y el resguardo de su salud mental y física. Las situaciones de negligencia pueden llevar a las autoridades a considerar medidas de protección, las cuales pueden variar desde el seguimiento psicológico de los padres hasta la pérdida de la custodia en casos graves.
La intervención del Estado frente a adicciones en el núcleo familiar
Cuando se identifica una situación de riesgo debido a la adicción de uno de los padres, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otros organismos del Estado tienen la facultad de intervenir para proteger a los menores. Las adicciones, según las políticas del ICBF, son tratadas como un problema de salud pública que, al estar presente en un hogar, puede ser causante de situaciones de violencia intrafamiliar o abandono.
Entre las medidas que puede adoptar el ICBF se encuentran:
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Intervenciones preventivas y acompañamiento psicosocial: Estas buscan asistir a la familia y prevenir que la adicción impacte de manera irreversible en la vida de los menores.
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Evaluación del entorno familiar: Cuando se evidencia un consumo problemático, se puede iniciar una evaluación del hogar para identificar si el ambiente es seguro para el niño.
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Retiro temporal del menor: En situaciones donde el ambiente familiar no sea seguro, el ICBF puede ordenar el retiro del menor del hogar para ser ubicado en un ambiente que garantice sus derechos, ya sea con familiares o en hogares de acogida temporal.
Implicaciones legales y medidas penales ante adicciones graves
El derecho penal colombiano también contempla sanciones y medidas en aquellos casos donde la adicción de un padre o madre ponga en riesgo la vida e integridad de un menor. Según el Código Penal, cualquier forma de maltrato, abandono o exposición a ambientes de riesgo puede constituir un delito, siendo sancionable con penas de prisión y otras medidas judiciales.
La persona que ponga en peligro la salud de un menor puede ser sancionada con penas privativas de libertad. Esto incluye a quienes, por adicción, desatienden el bienestar y desarrollo de sus hijos, ya sea por omisión de sus responsabilidades parentales o por exposición a ambientes violentos y peligrosos derivados de conductas bajo influencia de sustancias.
Los jueces de familia también pueden ordenar la suspensión de la patria potestad cuando la adicción de uno de los padres representa un riesgo significativo para el menor. Esta medida tiene como objetivo proteger los derechos de los niños cuando su seguridad y estabilidad emocional se ven comprometidas.
La custodia y las adicciones: consideraciones judiciales en Colombia
Uno de los derechos fundamentales de los hijos es contar con la presencia y el cuidado de ambos padres. Sin embargo, cuando uno de los padres tiene problemas de adicción que afectan su capacidad de asumir los roles parentales, los jueces pueden tomar decisiones como el otorgamiento de la custodia exclusiva al progenitor que garantice un entorno seguro para el menor. Estas decisiones no siempre son definitivas; en algunos casos, los tribunales establecen un régimen de visitas vigiladas o condicionadas a tratamiento de rehabilitación, con el fin de permitir que el progenitor en recuperación mantenga un vínculo con el hijo mientras trabaja en su tratamiento.
Para la obtención de la custodia en casos de adicción, los jueces evalúan factores como la gravedad de la adicción, el compromiso del progenitor con el proceso de rehabilitación, y el bienestar emocional y físico del menor. La prioridad en el fallo siempre será la protección de los derechos del menor, por encima de las necesidades o deseos del padre o madre en cuestión.
Medidas de rehabilitación y derechos parentales
El derecho familiar en Colombia también busca promover la rehabilitación de los padres en lugar de enfocarse únicamente en la penalización. Así, en muchos casos, se permite que el padre o madre acceda a programas de recuperación como una medida para preservar sus derechos parentales. Este enfoque rehabilitador, además de fortalecer el vínculo familiar, es una manera de proteger los derechos de los niños al procurar que sus padres puedan brindarles el entorno saludable y seguro que necesitan para su desarrollo.
La implementación de programas de tratamiento y la participación en terapias psicológicas son elementos que los jueces pueden tomar en cuenta para decidir sobre el régimen de custodia, así como en los derechos de visita. Cuando se logra una recuperación efectiva, los padres pueden recuperar gradualmente el acceso y las responsabilidades parentales.
Apoyo institucional para los hijos de padres con adicciones
El ICBF y otras instituciones ofrecen programas de apoyo y acompañamiento para los hijos de padres con problemas de adicción, procurando brindar a los menores un ambiente de estabilidad y orientación. Estos programas incluyen servicios psicológicos, asistencia social, y actividades recreativas para contrarrestar los efectos negativos que una adicción parental puede tener en su desarrollo. Las instituciones también trabajan en campañas de sensibilización dirigidas a toda la familia, para que entiendan la importancia de un entorno seguro y libre de abuso de sustancias.
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