ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO-Jurisprudencia constitucional - T-610A/19
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ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO-Jurisprudencia constitucional - T-610A/19
La acción de extinción de dominio es un mecanismo legal en Colombia que permite al Estado recuperar bienes relacionados con actividades ilícitas. Esta herramienta se ha convertido en un pilar fundamental para combatir el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito y otros delitos graves, asegurando que los bienes inmuebles y otros activos cumplan con su función social y ecológica.
¿Qué es la Extinción de Dominio?
La extinción de dominio se define como la pérdida del derecho de propiedad a favor del Estado, sin contraprestación o compensación para el titular del bien. Este mecanismo busca atacar la base patrimonial de las actividades ilícitas, eliminando cualquier beneficio que los delincuentes puedan obtener de sus actos.
De acuerdo con la Ley 793 de 2002, la extinción de dominio aplica cuando los bienes:
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Provienen de actividades ilícitas: Ya sea directa o indirectamente.
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Son utilizados como instrumentos para actividades delictivas.
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Son el producto o efecto de un delito.
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Han sido mezclados con recursos de origen ilícito.
Además, la normativa señala que los bienes afectados pueden ser tanto de titularidad privada como de terceros, siempre y cuando no se acredite buena fe exenta de culpa.
La Función Social y Ecológica de la Propiedad
En Colombia, la propiedad no es un derecho absoluto; debe cumplir una función social y ecológica. Esto implica que los propietarios tienen el deber de vigilar y garantizar que sus bienes no sean utilizados para actividades ilegales. La Corte Constitucional ha reiterado que la falta de diligencia en este aspecto puede llevar a la extinción de dominio.
Por ejemplo, si un inmueble es arrendado y en él se detectan actividades ilícitas como el expendio de drogas, el propietario tiene la obligación de tomar medidas legales para detener estas actividades. De lo contrario, puede ser considerado responsable y perder el dominio del bien.
Procedimiento para la Extinción de Dominio
El proceso de extinción de dominio se divide en tres etapas principales:
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Etapa Prejudicial: La Fiscalía identifica y analiza los bienes susceptibles de extinción, pudiendo imponer medidas cautelares.
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Etapa Administrativa: Se notifica a los implicados, se recopilan pruebas y se decide si procede la extinción.
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Etapa Judicial: Un juez especializado evalúa el caso y emite una sentencia que puede ser apelada o revisada en consulta.
Es crucial destacar que, durante todo el proceso, se garantizan los derechos de defensa y contradicción de los implicados.
Jurisprudencia Relevante
Uno de los casos destacados incluye la Sentencia T-610A/19, en la cual la Corte Constitucional analizó una acción de tutela presentada por propietarios que alegaban vulneración de sus derechos fundamentales. Los accionantes argumentaron que habían delegado la administración de su inmueble a una empresa y que las actividades ilícitas realizadas en el lugar escapaban a su control. Sin embargo, la Corte sostuvo que el deber de vigilancia y cuidado recae siempre en el propietario, independientemente de la delegación administrativa.
En este fallo, la Corte reiteró que la extinción de dominio no se basa únicamente en la propiedad ilegítima de los bienes, sino también en su destinación a actividades contrarias al bienestar social y ecológico.
Requisitos de Procedencia
Para que proceda la acción de extinción de dominio, deben cumplirse ciertos requisitos establecidos por la ley:
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Causalidad: Relación directa entre el bien y la actividad ilícita.
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Función social incumplida: Evidencia de que el propietario no ejerció su deber de vigilancia.
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Buena fe exenta de culpa: Si se alega esta defensa, corresponde al propietario demostrarla.
La extinción de dominio es una herramienta poderosa que refuerza el compromiso del Estado colombiano con la legalidad y la justicia. Sin embargo, también exige una responsabilidad activa por parte de los propietarios para garantizar el uso legítimo de sus bienes. Este mecanismo no solo desestimula el crimen, sino que también promueve el uso adecuado y socialmente responsable de la propiedad en el país.
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